Las infracciones leves, tales como la caza siendo poseedor de la documentación necesaria pero sin llevarla consigo, implican multas de entre 39,03 y 390,39 euros, frente al mínimo de 30 euros y el máximo de 300 que podía imponerse hasta ayer. Por una infracción grave, el cazador se enfrentará a una sanción que fluctuará entre los 390,40 euros y los 3.903,87 euros, frente a los 300 con los que se castigaban antes de esta modificación en el caso de la menor cuantía y los 3.000 que estipulaba el máximo legal. Una infracción muy grave, como el empleo como artes de caza de explosivos, cebos envenenados, gases paralizantes o cerramientos electrificados, puede llegar a costar entre 3.903,88 y 78.077,48 euros, frente al actual mínimo de 3.000 euros y máximo de 60.000.

Estas cantidades se actualizan cada tres años, en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumo (IPC) experimentadas durante este tiempo. En este caso, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el incremento del IPC desde noviembre del 2002 hasta el mes de noviembre del 2005 fue del 10%, porcentaje que la Junta de Castilla y León aplicó a las citadas sanciones.